El Pleno Municipal aprobó ayer la declaración política presentada por el grupo municipal de Podemos de rechazo a la llamada “Llei Aragonès” de contratos de servicios a las personas.
El portavoz de Podemos, Miguel Herrera, expuso la declaración y señaló que “la directiva europea 2014 sobre contratación fija que ninguna disposición obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios y es una decisión política que corresponde a cada administración decidir si gestiona por sí mismo o subcontrata los servicios”.
En su declaración Podemos acuerda mostrar el apoyo a los movimientos sociales y la Plataforma “Aturem la Llei Aragonès” “que están luchando contra la privatización de servicios esenciales y por mantener unos servicios públicos y de calidad” y pide el rechazo al actual anteproyecto de ley y abrir un debate “con agentes y movimientos sociales y grupos parlamentarios que permita llegar a una ley que garantice la gestión directa de los servicios públicos con garantías sociales , así como las diferentes formes indirectas de gestión y el concepto y alcance del tercer sector”. Miguel Herrera recordó que “diferentes entidades y organizaciones como la Marea Blanca de Catalunya entienden que como garantía de los derechos básicos la mejor gestión en la prestación de los servicios es la directa”.
La portavoz del PP , Mónica Parés, explicó la abstención de su grupo “mantenemos el posicionamiento del PP en el Parlamnt de Catalunya. Por primera vez los servicios sociales y afines tienen un tratamiento específico y de mayor control para que se ofrezca un mejor servicio y pueda hacerse desde el sector público y el privado”.
El portavoz de Junts per Gavà, explicó su voto en contra y recordó que “esta ley fue impulsada por el conseller Romeva y parada por el 155”. Casas añadió que “esta ley permite que los servicios se presten con criterios de calidad, continuidad, exhaustividad, disponibilidad, accesibilidad, con precios asequibles, participación de los usuarios y con los operadores económicos sujetos a los principios de transparencia e igualdad de trato”.
Francisco Gavilán de Ciudadanos argumentó la abstención de su grupo “estamos hablando de un sector que necesita regulación para mejorar el servicio a los usuarios y tambén las condiciones de los trabajadores. El precio no puede ser el factor determinante, los ciudadanos necesitan el mejor servicio por ello hemos propuesto enmiendas en el Parlament de Catalunya para la mejora de esta ley”.
El concejal d’ERC, Miquel Roselló, defendió el voto en contra de su formación exponiendo diez “falsedades sobre esta ley”. Roselló manifestó que “la ley no externaliza servicios sino que ofrece las herramientas necesarias para que prime la calidad del servicio y aleja el precio como criterio principal además de prohibir la subasta. No se pierde el control sino que se fiscaliza mejor el servicio contratado para asegurar la calidad de éste”.
El portavoz del PSC, Jordi Tort, manifestó que su partido votaba a favor “porque entendemos que es una ley necesaria que da un impulso a los servicios públicos pero que no se ha consensuado con los agentes implicados, con los agentes sociales y económicos. El Psc ha presentado 70 enmiendas a esta ley con el objetivo de que se garantice la calidad, la transparencia y la igualdad de trato. Hace dos años que no hay 155 y hay gobierno en la Generalitat y pero el país está parado y no avanza”.
