El 8 de marzo no es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio de que los derechos de las mujeres no están garantizados para siempre.
Mientras millones de mujeres salimos a las calles para defender la igualdad, el discurso de la derecha y de la extrema derecha vuelve a cuestionar e intentar recortar avances que han costado décadas de lucha, desde el derecho al aborto hasta las leyes que protegen frente a la violencia machista.
En España también lo estamos viendo. Se niega la existencia de la brecha salarial, se desacredita al feminismo y se banaliza la violencia de género. Al mismo tiempo, se intenta debilitar o desmontar políticas públicas de igualdad que son fundamentales para proteger a las mujeres. Desde determinados grupos políticos, especialmente de la extrema derecha, se está impulsando además un relato interesado que pretende hacer creer que las políticas de igualdad son una imposición ideológica, cuando en realidad son derechos sociales y herramientas básicas de protección para millones de mujeres.
Se quiere instalar la idea de que ya está todo conseguido, pero la realidad demuestra que las desigualdades siguen presentes en el empleo, en los cuidados y en la seguridad. Además, cada vez que se recortan servicios públicos o derechos sociales, el impacto no es neutro y recae especialmente sobre las mujeres trabajadoras, las mujeres migrantes y aquellas que parten de situaciones de mayor vulnerabilidad.
Por eso el 8M es memoria, pero también es presente.
La igualdad no es un privilegio. Es justicia social. Y no se recorta.
