El cuerpo superior de letrados de la Administración Pública ha iniciado un calendario de concentraciones para exigir que se lleven a cabo una serie de mejoras en los ámbitos organizativo, tecnológico, material y personal. A las concentraciones celebradas los días 12 y 19 de junio, se han sumado los profesionales de los 10 juzgados de Gavà.
Las concentraciones están secundadas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.
Las reivindicaciones del colectivo, según ha explicado a este medio José Julio Pareja letrado de la Administración de Justicia y decano de Gavà, afectan a la carga de trabajo “en estos momentos en Gavà tenemos una carga de trabajo que supera la establecida por el Consejo General del Poder Judicial, somos ocho letrados y tenemos nueve Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer dispersos en tres sedes”. José Julio Pareja considera imprescindible “reunir todos los juzgados en un mismo lugar y la implantación de la Nueva Oficina Judicial dotada con el personal necesario para crear servicios comunes procesales y obtener una justicia eficiente”. Estos cambios supondrían para la ciudadanía de Gavà “una mejora instantánea puesto que la eficacia del funcionamiento judicial sería inmediata con una menor carga de trabajo y una respuesta más rápida frente a los escritos”. En este sentido, una de las mejoras más necesaria, es según ha explicado José Julio Pareja, “la implementación del expediente digital: es incompresible que en pleno siglo XXI los expedientes sigan siendo papel que va de una oficina a otra”.
Otra de las reclamaciones, en el ámbito tecnológico es el de compatibilizar los distintos sistemas informáticos de gestión procesal en todo el estado.
La situación de este colectivo se agravó en 2009 cuando, según ha explicado el letrado decano de Gavà, “se nos transmitieron competencias que admitimos de manera solidaria sabiendo que era imposible una adecuación salarial en un momento de crisis y con la promesa de que la asunción de competencias se vería reconocida cuando la situación económica mejorara”. Hasta el momento, ese reconocimiento no se ha producido “la situación es que a día de hoy –explica José Julio Pareja- un letrado que empiece, después de pasar una oposición de máximo nivel, cobra un sueldo de 1.400 euros”.
El colectivo estudia ahora qué otras medidas además de las concentraciones llevará a cabo y espera que el cambio del gobierno español “sea una oportunidad de abrir nuevas negociaciones y de ser escuchados porque la destinataria final de las mejoras que pedimos es la ciudadanía”.
