El interés general se refiere a temas o asuntos que preocupan o son relevantes para un amplio sector de la sociedad o el público, más que para un grupo o individuo específico. Esta es la definición aceptada que se usa para temas legislativos o diferentes acciones o resoluciones que afectan a los ciudadanos. Es decir, las leyes, normas, directrices, etc., se hacen pensando en el interés general.
En este estado, ¿quiénes serían los beneficiarios de dicha definición? Pensemos.
Somos unos 50 millones de ciudadanos y ciudadanas en España y con derecho a voto somos 37,5 millones. La abstención en las elecciones de 2023 fue de 13 millones, aproximadamente. De los 24,5 millones que votaron al Parlamento español, la mayoría que nos gobierna fue elegida por unos 12,5 millones.
Pues bien, estos 12,5 millones son los que tienen la garantía de poder aprobar leyes, por lo menos prepararlas. Luego está el Senado español, que puede llegar a revocarlas porque su composición puede ser diferente a la del Parlamento.
De cualquier forma, aproximadamente unos 12,5 millones de personas están decidiendo por 50 millones, es decir, por el interés general. Quiero entender que ese es el fin del concepto, para hacer que las leyes nos favorezcan a la mayoría.
La sorpresa es que a veces no es así. Hay casi 11 millones de personas que reciben pensiones, además de personas dependientes, vulnerables, con ayudas…, y todas ellas dentro de esta sociedad del interés general.
Yo considero que las personas que representan a los ciudadanos deben creer en la definición de la que estamos hablando, pero estamos viendo resultados de votaciones de nuestros representantes que, me da la sensación, no tienen el mismo concepto, o les cuesta entenderlo. Algunos los cambian por acuerdos… Bien, la política trae estas cosas.
Un mundo social y solidario debe dejar algunos asuntos al lado, salvaguardar el interés general de los más débiles o vulnerables.
Pónganse de acuerdo primero las personas y seamos solidarios con ellas. Después, los otros intereses.
