Desde que llegamos a este pleno hace ya dos años y medio, hemos denunciado de manera constante y responsable los delitos cometidos por extranjeros, tanto en situación ilegal como legal, que, amparados por unas leyes excesivamente blandas y por la evidente falta de protección que sufren nuestros policías, han acabado adoptando el crimen como forma de vida. No se trata de señalar por origen, sino de señalar hechos que afectan directamente a la seguridad y a la convivencia de nuestros barrios.
La respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma: negar la realidad, minimizar el problema y desacreditarnos con insultos fáciles, tildándonos de racistas, ultras o alarmistas. Sin embargo, lejos de debilitarnos, estas descalificaciones nos refuerzan, porque nuestras denuncias no nacen del prejuicio, sino de dar voz a las verdaderas víctimas de las consecuencias de la inmigración masiva: la gente común, trabajadora, que no vive en urbanizaciones cerradas ni cuenta con seguridad privada, como sí hacen muchos de los políticos que aprueban estas leyes desde la comodidad de sus mansiones con todo tipo de vigilancia.
Hoy, cuando las encuestas reflejan una clara bajada del Partido Socialista y una importante subida de VOX, asistimos a un giro tan repentino como revelador. La alcaldesa afirma ahora que “quienes vengan de fuera a delinquir deben irse a su casa”, una afirmación que llevamos años defendiendo y por la que fuimos duramente atacados. No lo hacen por convicción ni por principios, sino por puro cálculo electoral. Por eso es fundamental que los ciudadanos no se dejen engañar: quienes ayer negaban el problema no pueden presentarse hoy como su solución.
