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Hace dos años Mohamed Aziz fué desposeido de su vivienda y emprendió una lucha judicial que ha dado sus frutos con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera las cláusulas abusivas impuestas en las hipotecas por las entidades financieras. Esta sentencia es un gran paso adelante para reformar la Ley hipotecaria, legitimando jurídicamente las iniciativas y movilizaciones sociales que demandan la intervención de las Administraciones Públicas para garantizar una relación de equidad de la ciudadanía frente a las entidades financieras.
Recordemos que el acceso a la vivienda es un derecho de Ciudadania y uno de los principales elementos de articulación de la ciudad, que permite y promueve lazos sociales, estilos de vida diferentes, y garantiza el acceso a equipamientos y servicios sociales.
A mi entender uno de los retos de las Administraciones Públicas Locales es promover que la ciudadanía intervenga con pleno derecho en las políticas que se hacen en su nombre, es decir, una verdadera Democracia Social para que los bienes y servicios comunes recaigan sobre la totalidad de los habitantes. Como garantes de derechos concretos de personas concretas, respondemos a necesidades colectivas e individuales para evitar que nadie quede excluido a pesar de las restricciones propias de la Gobernanza local. Para conseguirlo es necesario que todos/as participemos activamente de nuestros Bienes Comunes que es Gavà. |
La ciudadanía, motor de cambio
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