Joan Martínez, Síndic Municipal de Greuges de Gavà

Durante muchos años, las comunicaciones oficiales se enviaban por correo certificado, con las obligaciones que comportaban y, si comportaban obligaciones de pago, el importe, los periodos, la explicación del asunto… de forma legible e inteligible. Las personas podíamos comprender fácilmente y cumplir con nuestras obligaciones.

Con las normas modificadas estamos obligando a que todo el mundo pase a través de un banco, que su memoria o agenda no le falle, y sobre todo que sea capaz de entender lo que se le dice en el escrito y el motivo del asunto. Tampoco obligan a enviar los avisos o documentos por correo certificado, salvo algún tipo de resoluciones.

Yo no tengo domiciliados los pagos de ciertas tasas o impuestos. Espero a recibir el documento para ir a pagar, por obligación, a través de un banco, internet y, ahora, con móvil o teléfono.

Por alguna razón que desconozco, no recibí el documento, pero sí que he recibido tres hojas diciéndome que debo de pagar algo que no hice en su día, con recargo y avisándome de que, si no pago, vendrán más recargos.

Lo curioso es que, leyendo estos tres escritos, no encuentro a qué se refiere este cargo. Me indica el número de expediente, fecha del mismo, el número de la ley o leyes por las que se aplica el recargo, las condiciones de protección de datos, las formas de pago y las cosas que me pasarán si no lo hago.

Yo entiendo un poco de eso y, además, puedo preguntarle a alguien más capacitado para que me asesore.

Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no saben leer ni escribir, aquellas que tienen vulnerabilidades o falta de comprensión? Les toca pagar a un profesional para que les ayude o pedir hora por internet para que les atiendan. Si no, a pagar y a callar.

Las administraciones deben ser garantes y cuidadores de sus administrados, procurando que tengan una vida digna y ayudándolos para que no sufran despropósitos de empresas privadas o de los mismos departamentos de la administración.

Pero, por encima de todo, deben vigilar que sus administrados, los ciudadanos, puedan cumplir con sus obligaciones sin problemas y que se cumplan sus derechos.

 

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